Implicados en el ‘Cartel de los locos’ a responder ante la Procuraduría

Para el 11 de octubre de 2018 a las 8:30 de la mañana quedó programada la audiencia pública al que fueron citados Yamile de Jesús Pérez Domínguez, Carlos Arturo Montero Araújo y Eduardo Urbano Marrugo por el llamado ‘Cartel de los locos’.

La citación la hizo la Procuraduría Regional del Cesar argumentando varios elementos materiales probatorios mencionados por la Fiscalía.

“En la audiencia se dará lectura del auto de citación a audiencia y a continuación se les concederá el uso de la palabra, para que expongan, libres de todo apremio, las explicaciones que consideren necesarias respecto de los cuestionamientos disciplinarios referidos en los numerales seis y siguientes de las consideraciones de este proveído y rendir su propia versión de los hechos. En esa intervención pueden aportar o pedir la práctica de las pruebas que consideren necesarias para su defensa”, dice una de las partes resolutivas de la citación.

En Abril de 2016, la Fiscalía General de la Nación, como titular de la acción penal, fue informada a través de un escrito anónimo, que en la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Departamento del Cesar se elaboraban a cambio de dinero dictámenes por pérdida de capacidad laboral espurios, para que cientos de trabajadores de las compañías mineras privadas Carbones del Cerrejón, Drummond, Prodeco y empleados de entidades públicas del sector de educación y Policía Nacional inclusive, obtuvieran pensión por invalidez por patologías de enfermedad común, normalmente psiquiátricas y otras.

Se decía también que los aspirantes a ser prematura e ilegítimamente pensionados previamente acudían al sector financiero y copaban su capacidad de endeudamiento al tiempo que iban también a las compañías de seguros y adquirían pólizas todo ello decía el anónimo para que una vez alcanzado el estatus de pensionados por invalidez las obligaciones dinerarias contraídas y el riesgo asegurado fueran asumidos por el sector financiero y asegurador del país, con base en esa información la fiscalía abre investigación o indagación contra personas indeterminadas por un probable concurso de conductas punibles por establecer en ese momento.

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