Se trata de los tres uniformados que trabajaban en la URI de Valledupar y que la Fiscalía señaló de diferentes delitos porque supuestamente cobraban dinero para dejar ingresar celulares, personas externas, permitían fiestas, relaciones sexuales entre los internos y tener otras comodidades dentro del centro de reclusión.
Ellos fueron identificados como Sergio Antonio Mendoza Chiquillo, Ellevis Luis Alarcón Riviera y Edwin Calderón Vargas, quienes dijeron ser inocentes ante los señalamientos del ente acusador por hechos ocurridos en la sede de la URI ubicada en el barrio Dangond de la capital del Cesar.
La investigación la realizó la seccional 12 de la Fiscalía desde enero y hasta noviembre de 2020. En el expediente que entregaron los investigadores de la institución aseguraron que los agentes establecieron la exigencia de dinero a los reclusos de la URI para garantizarles comodidad en el lugar, sexo entre ellos o externos, con hombres o mujeres.
Lucila Vidal Luque, directora de Fiscalías en Cesar, explicó que los agentes “exigían sumas de dinero a personas recluidas a cambio de beneficios como comodidad al interior de la celda, tener relaciones sexuales entre internos, permitir el ingreso de personas externas, ingreso de celulares y realización de fiestas privadas”.
Los delitos por los que fueron capturados los agentes de la URI de Valledupar contemplan concierto para delinquir, concusión, cohecho propio, constreñimiento a la prostitución y tortura.
Este último delito obedece a uno de los descubrimientos más graves de la Fiscalía. Según el ente investigador, uno de los agentes organizó todo por $300 mil psos, para que un recluso fuera trasladado a otra celda para ser agredido.
El expediente de la Fiscalía reveló que los sitios donde los policías permitían tener relaciones sexuales a los reclusos eran los pasillos, oficinas de custodio y también en las salas de audiencias.
