Un Juzgado ordenó a la Policía Metropolitana de Valledupar el arresto del alcalde Ernesto Orozco por tres días como sanción por desacato. Esta medida surge del incumplimiento de una orden judicial de 2011, que exige a las autoridades municipales desalojar a los ocupantes ilegales del terreno conocido como ‘Sabanas 1’, propiedad del mayor Alberto Pimienta.
El alcalde Ernesto Orozco, en respuesta a la orden judicial, expresó su disposición a acatar las decisiones de las autoridades, aunque destacó que aún no ha sido notificado formalmente. Orozco manifestó su preocupación por las implicaciones de ejecutar el desalojo, subrayando que “podríamos hacer hasta una masacre donde hay más de 30.000 personas ahí, no estamos en posición para poder llevar ese desalojo”.
El mandatario también manifestó que están pidiendo ayuda al Gobierno Nacional dado que la misma sentencia exige garantizar las condiciones óptimas para los habitantes de la invasión.
El conflicto tiene sus raíces en una acción de tutela presentada en 2011 por familiares del mayor Pimienta, que culminó con la Sentencia T-946 de la Corte Constitucional. Esta sentencia obligaba a la Alcaldía a desalojar a las familias invasoras y proporcionar albergue provisional dentro de los 20 días posteriores a la notificación. Sin embargo, durante 13 años, las administraciones municipales sucesivas no cumplieron con esta orden.
El pasado 9 de mayo, el Juzgado requirió a Orozco para que cumpliera con la sentencia en un plazo de cinco días, y tras respuestas insatisfactorias, el 24 de junio se declaró el desacato. La sanción incluye, además del arresto, una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.
