Una grave advertencia sobre el riesgo extremo que enfrenta la población de Chiriguaná, Cesar, fue emitida este jueves por la Defensoría del Pueblo, a través de la Alerta Temprana 009 de 2025. La entidad señala una preocupante escalada de violencia por el enfrentamiento territorial entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que pone en peligro inminente los derechos fundamentales de sus habitantes.
El documento, dirigido a las autoridades locales, regionales y nacionales, expone que la disputa por el control social y armado en esta zona del centro del Cesar podría desencadenar enfrentamientos directos entre las estructuras ilegales, con graves consecuencias para la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de comunidades rurales y urbanas.
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A este escenario se suma la presencia del Frente 41 Cacique Upar, disidencia de las extintas Farc, que, aunque no se articula con otras disidencias de alcance nacional, busca consolidarse en el territorio, aumentando la tensión y la complejidad del conflicto.
Según la Defensoría, la situación ha sido aprovechada por grupos delictivos que mantienen nexos con estructuras criminales de alto impacto, lo cual ha generado una serie de violencias sistemáticas contra la población civil, incluyendo homicidios selectivos, desplazamientos forzados, amenazas, extorsiones y restricciones a la movilidad.
Entre 2023 y 2025, se han registrado al menos 20 homicidios en el municipio. De estos, 11 serían responsabilidad del EGC, bajo prácticas de “limpieza social”, mientras que cinco ocurrieron en contextos de criminalidad común, tres habrían sido cometidos por el ELN y uno se atribuye a un grupo disidente.
Los sectores con mayor nivel de riesgo son la cabecera municipal y los corregimientos de Poponte (con ocho veredas), Rinconhondo, La Aurora (cinco veredas) y La Sierra (once veredas). Las comunidades más afectadas incluyen campesinos, pescadores artesanales, afrodescendientes, líderes sociales, defensores de derechos humanos y el pueblo indígena Zenú.
Ante esta situación crítica, la Defensoría formuló 31 recomendaciones dirigidas a instituciones como el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Procuraduría General, Ejército, Policía, Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Chiriguaná, con el objetivo de activar medidas urgentes y coordinadas con enfoque en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.
“Estas dinámicas afectan seriamente a la población civil”, señaló la Defensoría, reiterando la urgencia de acciones institucionales que eviten una nueva escalada de violencia en la región.
