Este martes 30 de julio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo una Audiencia de Seguimiento al Régimen de Condicionalidad en Valledupar, en la que participaron 10 militares que pertenecían al Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’.
Los exmilitares están siendo procesados por el homicidio de una menor de edad de la comunidad Wiwa y un indígena Kankuamo, ocurrido el 9 de febrero de 2005 en el corregimiento Atánquez, Cesar, durante una operación militar en horas de la madrugada. Los hechos fueron ejecutados por el pelotón Dinamarca, bajo el mando de Boris Alejandro Serna Mosquera, y el pelotón Espoleta 4, liderado por Omar Váquiro.
La audiencia fue presidida por el magistrado José Miller Hormiga y la magistrada Claudia Saldaña, miembros de la subsala Especial de Conocimiento y Decisión Costa Caribe de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. El magistrado Hormiga destacó que el objetivo de la audiencia era precisar los aportes de verdad de los comparecientes, lo cual es fundamental para tomar una decisión final sobre sus casos. “Esta es una audiencia que antecede a la decisión definitiva porque lo que se busca es precisar los aportes de verdad de los comparecientes y esto nos permita entrar a tomar una decisión sobre su caso”, afirmó Hormiga.
Los militares involucrados en el caso han sido señalados de haber presentado a las víctimas, Hermes Carrillo y Noemí Pacheco, como bajas en combate. Sin embargo, testimonios revelan que ambos fueron capturados cerca de la casa de la familia de Hermes Carrillo, interrogados sobre la presencia de un alias ‘El Indio’, y posteriormente asesinados.
Pedro Loperena, excomisionado de los derechos del pueblo Wiwa, se pronunció sobre el proceso “yo creo que el avance del proceso de la JEP estaba en demoras, no porque haya un proceso de paz sino porque había una orden judicial emanada de tribunal administrativo de Valledupar donde condenó al estado colombiano en dos líneas una administrativa y una de pedir perdón en público al pueblo Wiwa”.
Durante la audiencia, los exmilitares tuvieron la oportunidad de expresarse y pedir perdón. Ronal Acuña, uno de los comparecientes, reconoció su culpa: “Yo, Ronal Enrique Acuña Díaz, reconozco que soy culpable por haber callado, por haber permitido que se dieran esos hechos”.