Las detenciones las realizaron efectivos del CTI de la Fiscalía la mañana de este miércoles en varios barrios de Valledupar (Francisco el Hombre, Nueva Esperanza, La Victoria, Altagracia y Villa Carola), en el municipio San Diego, donde se capturó a una persona; y otra más en Bucaramanga.
Los investigados, que presuntamente pertenecen al ‘Carrusel de las pensiones’, trabajaban en las empresas carboníferas Cerrejón, en La Guajira; Prodeco y Drummond, en Cesar y habrían conseguido sus pensiones de manera fraudulenta.
La Fiscalía informó que este grupo de personas conseguían avales de médicos calificadores de Colpensiones, de integrantes de la Junta Regional de Calificación del Cesar (JRC), de abogados, psiquiatras y de juzgados laborales y civiles. Al parecer, presentaban documentación falsa indicando que tenían problemas de salud para obtener las pensiones en las empresas donde trabajaban.
“De esta manera, un paciente que no alcanzaba un puntaje para pensionarse por problemas de salud, contactaba a la JRC y negociaba una calificación del 50% y más de la pérdida de capacidad laboral. En otros casos era el psiquiatra quien era contactado para expedir un dictamen declarando a la persona mentalmente inválida”, explicó la Fiscalía en un comunicado de prensa.
El ente acusador agregó que “cuando el dictamen era apelado por las empresas entraban a jugar un papel importante los juzgados laborales, que a través de tutelas ordenaban a los fondos pensionales y a las aseguradoras pensionar y pagar las respectivas pólizas”.
La investigación indica que estas personas también solicitaban altos créditos financieros, pero posteriormente llevaban a las entidades que hicieron los préstamos el dictamen médico sobre la supuesta incapacidad laboral que tenían y de esta forma buscaban que las deudas fueran condonadas. Por este caso ya han sido capturadas 21 personas más.
Los nueve capturados serán presentados este jueves en el Palacio de Justicia de Valledupar ante un juez penal municipal con funciones de control de garantías para las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos por los delitos estafa agravada, falsedad en documento público, fraude procesal y solicitud de medida de aseguramiento.
