La Contralora Municipal de Valledupar, Angélica Olarte, junto con Yiyo Martínez, delegado de la Liga de Usuarios, presentó una acción popular contra Afinia, la empresa responsable de proveer energía en gran parte del Cesar. La medida busca poner fin a los presuntos abusos en los cobros y proteger los derechos de los ciudadanos afectados por las elevadas tarifas.
Según los promotores de la acción, los usuarios de la región han sido perjudicados por incrementos injustificados y esta iniciativa legal tiene como propósito garantizar un servicio de energía más justo y accesible.
“Hemos librado varias batallas jurídicas, incluyendo tutelas y desacatos que nos han favorecido. Ahora buscamos la protección de los derechos colectivos, especialmente el acceso eficiente al servicio público domiciliario de energía y la garantía de una tarifa justa”, señaló Olarte. La Contralora destacó que una de las principales demandas es la suspensión de la resolución 010 de 2020, emitida por la Comisión de Regulación de Energía (CREG), la cual permitió el incremento de las tarifas en el departamento.
Olarte enfatizó que dicha resolución no ha cumplido con los indicadores de pérdidas reconocidas, lo que ha resultado en que los usuarios de Valledupar y el Cesar paguen tarifas un 35% más altas que el promedio nacional. Según informes obtenidos por la Superintendencia de Servicios Públicos, se ha comprobado que los costos ineficientes de la empresa han sido trasladados a los usuarios.
Además de solicitar la suspensión de la resolución 010, la acción popular exige la aplicación de la resolución 015 de 2018, que establece un régimen sancionatorio para las empresas que incumplen con sus obligaciones. Olarte también pidió la cancelación del programa de reducción de pérdidas de Afinia y la devolución de los dineros ya recaudados de los usuarios bajo este concepto.
“Si estas pretensiones no se cumplen tomaremos nuevas medidas, incluyendo la interposición de una acción de grupo para recuperar los recursos captados por Afinia”, concluyó la Contralora.
La acción popular se suma a una serie de esfuerzos legales por parte de la comunidad y sus representantes, quienes buscan frenar los costos desmesurados en el servicio de energía en el departamento del Cesar.
