Irregularidades en un contrato multimillanario en el año 2016 llevaron a que la Procuraduría General de la Nación, en primera instancia, destituyera e inhabilitara por 10 años a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto.
El contrato por un valor de $20.453.932.366 consistía en la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira”.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 fue clara en decir que faltó responsabilidad en el proceso de la contratación estatal. “No existe análisis y justificación por parte de la entidad territorial para dar sustento a los requisitos de experiencia solicitados en el proceso de Licitatorio Público No. 033 de 2015”, informó la Procuraduría.
La conclusión de esto es que la forma en cómo se pidieron los requisitos llevaba a que se presentara un solo proponente. “El fallo cobija también a la exsecretaria de Educación, Bely Gnecco; al exdirector operativo, Gilbert José Meza Cerchar, y al profesional universitario de la administración departamental para la época de los hechos, Gerardo Cujia Mendoza, sancionados con destitución e inhabilidad general por el término de nueve años”, anunció la Procuraduría.
De esta forma los más de 20.000 millones de pesos enredaron a la exgobernadora de La Guajira, cuyo mandato fue cuestionado de principio al fin desde las autoridades, como la ciudadanía.
