El Ministerio de Educación se pronunció este miércoles 21 de enero sobre la polémica que se ha generado en torno a la Universidad Fundación San José y presuntas irregularidades en torno a la expedición de títulos profesionales, especialmente para algunos funcionarios del Gobierno Nacional, entre esos la cesarense Juliana Guerrero.
La cartera ministerial que dirige Daniel Rojas anunció que mantiene la investigación en contra de esta institución académica para esclarecer lo que podría estar sucediendo y cuyo proceso inició a finales de 2025, luego de las quejas y las denuncias que hicieron.
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Educación informó: “El pasado 10 de noviembre del año de 2025, el Ministerio de Educación Nacional en el marco de las funciones que le otorga la Ley 1740, apertura proceso de investigación contra la Fundación de Educación Superior San José, directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, ex secretario general o cualquier persona que haya ejercido la administración y/o el control de la institución de educación superior, con el fin de verificar el presunto incumplimiento de disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior”.
El Ministerio explicó que está adelantando la etapa de inspección y vigilancia y luego habrá un pronunciamiento oficial sobre los resultados de la investigación. “Aunado a lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional, a través del grupo de Medidas Preventivas de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, viene ejecutando las revisiones pertinentes para determinar las acciones en materia preventiva que sean conducentes para garantizar la adecuada continuidad de la prestación del servicio público educativo en condiciones de calidad”.
Sobre la expedición de los títulos profesionales en el país, el Ministerio quiso aclarar que la expedición de los títulos profesionales recaen sobre las instituciones de educación superior, “en el marco del principio constitucional de la autonomía, debiendo garantizar la aplicación de las normas internas expedidas para tal fin, así como, también la normatividad de orden legal”.
