El director de la Secretaría de Transparencia, Andrés Idárraga, llegó a Valledupar y ante los medios de comunicación confirmó que en efecto, investigan posibles irregularidades en la expedición de resoluciones dentro del programa de acceso y formalización de tierras liderado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Además indicó que aparecen varios nombres de personas que aparecen beneficiadas de estas resoluciones que no cumplen con los requisitos y por ello envió copias a la Fiscalía para que evalúen si constituyeron en delitos como falsedad en documento público y omisión de deberes por parte de funcionarios públicos.
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Ellos son Albiluz Ortiz Richar, Virlianis Andrea Gámez Urrego, Nelson Emiro Saldaña Quintero, Jorge Gustavo Sierra León, Andrea Carolina Navarro Serna, Edgar Mauricio Villarreal, Nelsen Rafael Peñaranda, William Henrry Montoya Villarreal, Miladis Lusiina Pino Buelvas, Liliana Almanza Dorado, Alcides Rafael Araújo Molina y a Rafael Enríque Ramírez Contreras.
“Los investigamos en el Secop, y desde 2005 vimos que han tenido contratación hasta por más de 150 millones de pesos, no están en condición de vulnerabilidad para acceder al beneficio de tierras gratuito. Estamos hablando de personas que firmaron contratos con entidades públicas como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Unidad de Víctimas, el SENA, el DANE y Fonade”, dijo el funcionario refiriéndose al Decreto Ley 902 de 2017.
Vea completo el informe aquí:
La noticia se conoció una semana después que el mismo director nacional de la Agencia Nacional de Tierras confirmara ante la opinión pública que no había ni una sola coincidencia entre sus funcionarios y el acceso a tierras tal como lo han denunciado algunos campesinos.
