La familia de Yenni Salazar Zabaleta, ex personera de Tamalameque, sigue sumida en la angustia tras cumplirse tres meses de su secuestro por parte del ELN, grupo armado ilegal que exige $15.000 millones para su liberación.
El secuestro ocurrió en el tramo entre La Vega y Zapatosa, en la vía que conecta Chimichagua con Pailitas, mientras se desplazaba en una camioneta junto a dos personas que fueron liberadas horas después. Desde entonces, no se ha tenido contacto directo con Salazar, salvo una prueba de supervivencia gestionada a través de la Iglesia y una comisión de Derechos Humanos.
“De verdad, una situación muy difícil en la cual también entregan un mensaje pidiendo un rescate de una suma de dinero exagerada, exorbitante. Entonces queda uno en manos del Estado colombiano, de la justicia de nuestro país. Ahora nos toca seguir tocando las puertas, enviarle ese mensaje a los que están en la mesa de paz y en las negociaciones. Que nuestra voz le llegue al presidente de la República, que por favor se tomen las medidas necesarias para disminuir los hechos de violencia”, expresó su hermano, Juan Carlos Salazar, gerente del Hospital de Tamalameque en entrevista con RCN Radio.
La familia asegura que es imposible reunir semejante suma y que confían en una intervención estatal, al considerar que este caso pone en evidencia la grave situación de seguridad que se vive en varias zonas del país.
“Tiene a su familia, un hermano y que estamos esperándola, estamos haciendo y tocando mil puertas para que pronto esté con nosotros nuevamente”, añadió Salazar, quien reiteró el llamado al Gobierno Nacional.
Salazar fue secuestrada junto con el ingeniero agrónomo Andrés Urieta y José Antonio Ardila, quienes fueron dejados en libertad en Pelaya, mientras que ella continúa en poder del grupo insurgente.
