La orden de arresto contra el alcalde de Valledupar, Cesar, Ernesto Orozco Durán, ha generado una fuerte reacción de la Federación Colombiana de Municipios y de la Gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan. Orozco Durán desde este viernes cumple con la sanción por desacato, al no cumplir con una orden de desalojo que afecta a más de 30,000 personas en asentamientos informales.
En una visita a Valledupar, el Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro Giraldo, manifestó su descontento con la situación, calificando la decisión judicial como una “injusticia”. Toro Giraldo subrayó que aunque respetan las decisiones judiciales, el desalojo masivo de estas personas sería un “acto inhumano”. En su intervención, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que intervenga y legalice los predios ocupados, como lo había solicitado el alcalde Orozco durante el pasado Congreso Nacional de Municipios.
La polémica se centra en la falta de reglamentación de la Ley 2044 de 2000, que establece el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales. Esta legislación es crucial para garantizar el acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad para miles de familias que viven en condiciones precarias.
La Gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, también expresó su solidaridad con el alcalde Orozco y criticó la situación, calificando de “injusto” que los mandatarios locales se vean obligados a tomar decisiones que afectan negativamente a la ciudadanía. Sanjuan se unió al llamado de la Federación Colombiana de Municipios para que el Gobierno Nacional acelere la reglamentación de la Ley 2044, buscando una solución que no implique el desalojo forzoso de miles de personas.
