La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a cinco exintegrantes del Bloque Caribe de las extintas Farc-EP, por secuestros ocurridos en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y Barranquilla.
El anuncio lo hizo la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll durante una rueda de prensa desarrollada en la biblioteca Rafael Carrillo Lúquez, de Valledupar. Esta imputación tiene una connotación importante, debido a que entre los secuestros referenciados por la JEP está el de la exministra de Cultura y gestora Consuelo Araújo Noguera ‘La Cacica’, quien fue asesinada en cautiverio en septiembre de 2001.
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Los exguerrilleros imputados son Abelardo Colorado, quien en las filas era conocido como ‘Solís Almeida’; Osmany Landero, quien se hacía llamar ‘Hernando González’ cuando hacía parte del extinto grupo; Gilberto Giraldo, conocido anteriormente como ‘Aldemar Altamiranda’; Luis Cuadras, quien se hacía llamar ‘Leonardo Guerra’; y Uriel Oviedo, apodado durante el conflicto como ‘Manuel Ortiz’.
Según la magistrada Julieta Lemaitre, estos exmandos tenían control sobre sus tropas, impartían órdenes y no evitaron los abusos durante los cautiverios. Los crímenes imputados, homicidio, tortura, violencia sexual, desaparición forzada y más no podrán ser objeto de amnistía.
Sobre el caso de ´La Cacica´, Lemaitre fue contundente: aunque no se puede atribuir a uno de los cinco imputados el disparo que la mató, sí está probado que fue una acción bajo órdenes compartidas del Bloque Caribe. “La instrucción era clara: si el Ejército intenta rescatar, no se entrega al rehén con vida”, declaró. Consuelo duró apenas unos días en cautiverio antes de ser asesinada, un hecho que dejó una cicatriz imborrable en la memoria del país.
Luego de desarrollarse la rueda de prensa, el abogado Andrés Molina Araújo, hijo de Consuelo y director de Radio Guatapurí, dijo: “Han pasado casi 25 años. Esta imputación llega tarde, pero al menos se reconoce el horror. Más que castigos, lo que esperamos es un acto público de perdón, no solo para nosotros, sino para Valledupar y todo el país que perdió a una mujer invaluable”.
El Bloque Caribe fue responsable del 15 % de los secuestros atribuidos a las Farc en Colombia. Según la JEP, los secuestros se perpetraron con fines extorsivos, para control social o para forzar canjes con guerrilleros presos. Muchos de ellos se realizaron en carreteras por medio de retenes ilegales. Ganaderos, mujeres, niños y adultos mayores fueron blanco frecuente de estas acciones violentas.
Hasta la fecha, 827 víctimas han señalado al Bloque Caribe como responsable de sus secuestros. El proceso del Caso 01 de la JEP, en el que se investiga esta política sistemática de privaciones de libertad, incluye ya más de 4.200 víctimas acreditadas. La comparecencia pública de estos exguerrilleros, en cumplimiento del régimen de condicionalidad, será clave en los próximos pasos del proceso. La JEP ha enfatizado que crímenes como los imputados no son amnistiables y que la búsqueda de verdad y reparación sigue siendo prioridad para las víctimas y para el país.
