Para los familiares de Rafael Mejía, Alejandro Durán, Óscar Bocanegra, Harold Pérez y Antonio Tobías terminó una búsqueda de años. La JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) les entregaron de manera digna los cuerpos de sus seres queridos, quienes fueron víctimas de asesinato y desaparición forzada, luego de ser presentados como presuntos integrantes de grupos armados y falsamente reportados como bajas en combate por el Ejército, en La Guajira.
Estas cinco víctimas tenían otras cosas en común: sus cuerpos no habían sido plenamente identificados en el cementerio de San Juan del Cesar; no residían en el municipio donde fueron asesinadas; y todas habían aceptado una oferta laboral en busca de mejorar sus condiciones económicas. Así se determinó en las investigaciones desarrolladas por el despacho del magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, junto con los magistrados Gustavo Salazar y Óscar Parra, en el marco del Caso 03 que prioriza los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
El cuerpo de Rafael Mejía fue entregado en Guamal, Magdalena; el de Alejandro Durán, en Codazzi, Cesar; el de Óscar Bocanegra, en Villavicencio; el de Harold Pérez, en Barranquilla; y el de Antonio Tobías, en Fundación, Magdalena.
¿Cómo se llegó a la identificación de los cuerpos?
Los cuerpos fueron ubicados e identificados mediante investigación y análisis forense, resultado del trabajo liderado por la JEP y la Unidad de Búsqueda, con el acompañamiento de otras entidades como la Fiscalía General de la Nación (FGN) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF).
Medicina Legal había solicitado a varias entidades estatales la protección del Cementerio Central de San Juan del Cesar, pues tenía la hipótesis de que allí podrían encontrarse víctimas del conflicto armado desaparecidas. En 2023, la Unidad de Búsqueda, por su lado, hizo unas investigaciones preliminares que mostraban indicios de que en ese lugar podría haber puntos de interés forense, donde era factible hallar Cuerpos en condición de No Identificados (CNI) e Identificados No Reclamados (CINR).
En respuesta, el 18 de abril de 2024 la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP decretó medida cautelar para proteger ese camposanto en el marco de las investigaciones del Caso 03 (en el Subcaso Costa Caribe) en el que se investigan los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
En mayo, la UBPD inició trabajos forenses, y las intervenciones permitieron el hallazgo de 71 sitios de interés forense y se lograron exhumar 38 cuerpos con señales de violencia, producto del conflicto.
El adiós en Fundación, Magdalena Antonio María Tobías Yance, quien se dedicaba a labores del campo, iba a cumplir 31 años cuando desapareció. Vivía con su familia en el corregimiento Galán, en Riohacha, La Guajira, y fue visto por última vez el 26 de mayo de 2006.
Se encontró con su jefe en el mercado de Riohacha para que le pagara parte de su sueldo, luego no regresó a su casa. “Una persona lo vio montado en una camioneta que iba hacia el sur de La Guajira con cuatro muchachos más. No supimos más nada”, dijo Antonio Tobías Macea, el papá de la víctima.
Un día después, el 27 de mayo, Antonio Tobías murió en un supuesto combate con la Fuerza de Reacción Divisoria del Ejército, en la finca Santa Rosa, ubicada en el corregimiento Los Haticos, en San Juan del Cesar.
Sus seres queridos comenzaron a buscarlo e informaron a las autoridades que estaba desaparecido. Tiempo después la Fiscalía les informó que había muerto y que al cuerpo le encontraron heridas con arma de fuego artesanal, una granada y estaba vestido con un camuflado.
Aunque Antonio Tobías Macea se enteró de que el cuerpo de su hijo estaba en el cementerio de San Juan del Cesar, no podían entregárselo porque no lo encontraban. Finalmente, el cuerpo fue entregado de forma digna a su familia el pasado 10 de diciembre. “Ya descansamos. Ya uno sabe dónde lo va a tener. Es un alivio para uno”, dijo el papá de la víctima.
Dos de las víctimas eran de Barranquilla y Villavicencio
Cinco meses después de la muerte y desaparición de Antonio Tobías Yance, se registró otro supuesto combate que dejó dos personas muertas: Harold Rafael Pérez Moncada, oriundo de Barranquilla, y Óscar Bocanegra Tafur, quien nació en Villavicencio.
Óscar Bocanegra salió de la capital del Meta hacia Barranquilla para trabajar como vendedor ambulante. “Él trabajaba en los buses, vendía productos de aseo, productos escolares, y se fue a trabajar a Barranquilla en lo mismo, porque allá le salieron con una buena oferta de trabajo. Le dijeron que iba a ganar un buen dinero y aceptó. No lo volvimos a ver”, comentó Óscar Bocanegra, hijo de la víctima.
Harold Pérez Moncada, embolador de zapatos en Barranquilla, también recibió una oferta de trabajo, según contó su hermana Emérita Pérez. “Como que eran personas bien vestidas y él aceptó. Le ofrecieron un trabajo en una finca, iba a ganar muy bien”, agregó.
El 4 de octubre de 2006, en el corregimiento El Tablazo, de San Juan del Cesar, La Guajira, Harold Pérez y Óscar Bocanegra murieron en un supuesto combate en el que participaron hombres del Batallón de Artillería Nº 10 Santa Bárbara. La investigación forense permitió inferir que fueron asesinados. Los familiares de Bocanegra y Pérez no pudieron reclamarlos debido a las falencias en la disposición de cuerpos del Cementerio de San Juan del Cesar.
Finalmente, el cuerpo de Óscar Bocanegra fue entregado de forma digna a sus familiares y fue sepultado en el cementerio central de esa ciudad. “Es muy gratificante porque ya sé dónde voy a llevarle flores”, expresó el hijo de la víctima.
Lo mismo ocurrió en Barranquilla con Harold Pérez, quien tenía 46 años cuando desapareció. Emérita Pérez expresó que le da “tranquilidad” haber recibido el cuerpo de su hermano y poder visitarlo en el cementerio Universal, donde fue sepultado.
Dos amigos salieron de Valledupar en busca de trabajo
Rafael Ignacio Mejía Jiménez y Alejandro Durán Hernández vivían en el barrio Pescaíto, de Valledupar, cuando se fueron a San Juan del Cesar, La Guajira. A las 6:00 de la mañana del 28 de febrero de 2008, los dos amigos se despidieron de sus familiares y salieron tras una propuesta de trabajo para limpiar lotes.
“Alejandro llegó a la casa un día antes de que se fueran y le dijo a mi tío que les había salido un trabajo, que lo habían buscado y que necesitaban más jornaleros”, contó Ingris Fernández, sobrina de Rafael Mejía.
Antes de salir de Valledupar, Rafael y Alejandro fueron vistos por otro amigo a bordo de una camioneta estacionada en la entrada del barrio Pescaíto. Rafael alcanzó a decirle a esa persona que le dijera a su mamá que le enviara la cédula, pero uno de los hombres que los acompañaba en el vehículo respondió que no era necesario el documento. Nunca más los volvieron a ver.
Al día siguiente, los medios de comunicación anunciaron que seis supuestos integrantes de un grupo al margen de la ley fueron abatidos en San Juan del Cesar. Los familiares de Rafael y Alejandro los llamaron al celular para saber cómo estaban.
“A la hermana de Alejandro le contestaron de Medicina Legal de San Juan del Cesar asegurando que el dueño del teléfono estaba allá”, recordó Ingris Fernández. “Mi mamá fue con otra tía para el reconocimiento del cadáver, pero solo reconocieron a Alejandro; en los cuerpos que les mostraron no estaba mi tío Rafael”. Su familia luego supo que en el cementerio de San Juan del Cesar estaba su cuerpo, pero no estaba identificado.
Una vez intervenido ese camposanto, el cuerpo de Mejía fue identificado, entregado y sepultado en Guamal, Magdalena; mientras que el de Alejandro Durán fue trasladado a Codazzi y fue sepultado en el Parque Cementerio La Ascensión del Señor.
Osnaider Durán Vásquez, sobrino de Alejandro, dijo que su familia pasó por momentos difíciles por no saber dónde estaba su cuerpo, pero ahora “nos sentimos más tranquilos. Ya se confirmó todo. Se hizo lo que se tenía que hacer”.
