Líderes de víctimas en Cesar volvieron a pronunciarse por las amenazas que recibieron por parte de grupos armados como el Eln y las disidencias de las Farc, debido al trabajo social que hacen. Aseguraron que los esquemas de protección que tienen son precarios y los hace objetivo fácil en un ataque criminal.
El líder social Giovani Cordero, quien recibe amenazas desde marzo de 2014 y posteriormente salió desplazado del corregimiento Poponte, en Chiriguaná, por acciones del Eln, manifestó que es acompañado por dos hombres de la Unidad Nacional de Protección y tiene una camioneta, pero este esquema no es suficiente y por eso solicitó un reforzamiento de medidas tanto para él como a sus colegas.
“Tenemos varios líderes amenazados en nuestros grupos, imploramos a la Unidad de Protección y a todas las unidades competentes que se apersonen de nuestra situación”, expresó el líder de social.
Por su parte, Howard Baquero Valencia, quién hace parte de la Mesa de Víctimas de La Paz, anunció que su situación es de alto riesgo, porque le desmontaron el esquema de protección con el argumento que, según el denunciante, la Unidad Nacional de Protección lo acusa, por ejemplo, de consumir sustancias alucinógenas y licor.
“Dice que transporté artefactos explosivos y municiones. Tengo la carta del defensor de Pueblo donde le exige a la UNP las pruebas que diga que por qué toman esa a atribución y que las muestren”, señaló Baquero.
En el caso de Devis Montaño Rincón, miembro de la Mesa Departamental de Víctimas del Cesar, esta persona cuenta con medidas blandas, correspondientes a un chaleco, un avantel y un botón de pánico.
Entre tanto, Javier Cáceres, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, Fevcol, explicó que las decisiones sobre los esquemas de seguridad están basadas en estudios que hacen analistas de riesgos, pero que las hacen a través de análisis que sopesan solamente con llamadas y que no se hacen a través de visitas de territorios.
Además, señaló que la Unidad Nacional de Protección se lava las manos diciendo que ellos no son los que toman las decisiones para la implementación de las medidas, sino a través del Comité de Evaluación y Riesgos y Recomendaciones de Medidas, Cerrem, donde hay voz y voto de diferentes organismos que participan para la toma de esas decisiones.
