La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició la mañana de este miércoles 11 de diciembre con la audiencia de seguimiento al Régimen de Condicionalidad y cierre de la Fase Dialógica, en la que 13 miembros de la fuerza pública comparecen para definir su situación jurídica en el marco del caso de los asesinatos de dos indígenas ocurridos en 2005.
Este hecho involucra a la menor indígena Wiwa, Nohemí Esther Pacheco Sabatá, y al joven Kankuamo, Hermes Enrique Carrillo Arias, quienes fueron asesinados el 9 de febrero de 2005 en el corregimiento de Atánquez, Valledupar. La diligencia se desarrolla en el marco del Subcaso Costa Caribe, priorizado por la JEP.
La audiencia fue presidida por José Miller Hormiga, vicepresidente de la JEP y magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, acompañado por las magistradas auxiliares itinerantes Hailin Ibet Reyes Gutiérrez y otras autoridades del tribunal. En su intervención, Hormiga destacó la importancia de los ejercicios de justicia restaurativa, señalando que las flores amarillas, rojas y blancas que decoraban la sala representaban la unión del mundo físico y espiritual para lograr la armonía en el proceso de paz.
Propuestas restaurativas de los comparecientes
Durante la audiencia, los comparecientes de la fuerza pública presentaron propuestas restaurativas con el objetivo de aliviar el dolor de las víctimas y las comunidades indígenas afectadas por los crímenes. Ómar Eduardo Vaquiro Benítez, exsubteniente del Ejército y uno de los involucrados, propuso la construcción de placas conmemorativas en el lugar donde ocurrieron los asesinatos, en la zona de El Pontón, para honrar la memoria de Nohemí y Hermes.
Vaquiro explicó que las placas “permitirán que no queden en el olvido los nombres y la dignidad de Hermes y Nohemí”. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por los representantes de los pueblos indígenas.
Rechazo de los pueblos indígenas
Pedro Loperena, representante del Pueblo Wiwa, expresó su desacuerdo con la propuesta, destacando que la instalación de las placas podría causar un daño al Pueblo Kankuamo, ya que los asesinatos ocurrieron en su territorio. “La instalación de las placas podría generar una controversia innecesaria. En lugar de honrar, podría revivir el dolor y la indignación”, señaló Loperena.
Este sentimiento fue respaldado por familiares de las víctimas quienes consideraron que la propuesta no representaba un acto de reparación adecuado. “No estoy de acuerdo. A nosotros nos arrebataron a una hermana que nos duele en el alma. Estamos cansados de pedir lo que queremos” dijo María Faustina Martínez, hermana de Nohemí Pacheco.
Testimonios clave sobre los hechos
Uno de los momentos más impactantes de la audiencia fue la intervención de Alejandro Angulo Acensio, quien participó de forma virtual desde la cárcel de San Marta. Angulo admitió su responsabilidad en el asesinato de Hermes Carrillo, relatando los hechos ocurridos en 2005. “Salimos a hacer el registro. Bajé como cinco minutos cuando encontré al señor Hermes Carrillo, debajo de un caño, en un hueco. Estaba sin camisa, como rezando. Cuando lo vi, me sorprendí. Desafortunadamente, disparé mi arma… la orden que yo tenía en la cabeza era darle de baja”, dijo.
El testimonio de Angulo se complementó con el de Ómar Vaquiro, quien afirmó que las órdenes que recibieron desde el comando del Batallón La Popa eran claras: presentar a los indígenas como bajas en combate. “Desde el comando del Batallón La Popa se emitían órdenes con el fin de dar con resultados operacionales” explicó. De manera similar, el compareciente Deimer Cárdenas Martínez se comprometió a contar la verdad sobre lo ocurrido. La audiencia continúa este jueves 12 y viernes 13 de diciembre, en la que se espera que sea escuchada más n información sobre lo ocurrido.
