Con la promesa de un trabajo que cambiaría sus vidas, Éder Honak Durán Ortiz y Jhon Eduar Miranda Durán, tío y sobrino, ambos de 22 años, dejaron Santa Ana, Magdalena, el 16 de enero de 2008 rumbo a Valledupar. Desde entonces, sus familiares no supieron más de ellos, hasta que en julio de este año, gracias a la intervención de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), pudieron finalmente darles una digna sepultura.
Según testimonios de amigos, los jóvenes compartían una pasión por el fútbol que los unía desde pequeños. “Eran mis amigos de la infancia, y el fútbol era la mejor excusa para vernos”, recordó un compañero cercano. Éder Durán, incluso, había comenzado a formarse como árbitro. Sin embargo, todo cambió cuando un desconocido les ofreció trabajo en Valledupar, una oferta que los llevó a su desaparición forzada.
La familia de Jhon Miranda recuerda que el joven mencionó la oportunidad laboral antes de partir. Buscaba mejorar sus condiciones de vida y retomar sus estudios. Pero tras perder contacto con él, su madre comenzó una búsqueda incansable que se topó con amenazas y advertencias para que no continuara indagando sobre su paradero.
El 31 de mayo de 2022, en el llamado ‘cementerio alterno’ de El Copey (Cesar), la UBPD realizó una intervención forense crucial, bajo la medida cautelar de la JEP, que permitió a la familia Durán empezar a conocer la verdad. “Este cementerio es un lugar donde se cruzan muchas de las violencias del conflicto”, explicó el magistrado Óscar Parra, quien informó que cerca de 300 personas desaparecidas podrían estar enterradas allí.
El hallazgo y la identificación de los cuerpos fue posible gracias a las solicitudes de los familiares, quienes aportaron información clave durante el proceso. Hoy, la familia sabe que Éder y Jhon fueron engañados, acusados falsamente de extorsionistas, y asesinados por miembros del Gaula Militar Cesar. “Este caso es paradigmático por la vulnerabilidad de las víctimas, que fueron ejecutadas extrajudicialmente”, señaló el magistrado Parra durante la ceremonia de entrega digna.
Ella Cecilia Del Castillo, coordinadora de la Territorial Atlántico de la UBPD, informó que la medida cautelar ha permitido la recuperación de 52 cuerpos, de los cuales seis ya han sido identificados y entregados a sus familias. Estas acciones, dijo, ayudan a aliviar el sufrimiento de los familiares y a construir la verdad sobre lo ocurrido en la región.
