Este sábado, más de 100 víctimas del conflicto armado y sus representantes legales se reunieron en Valledupar con el Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para abordar proyectos de reparación y restauración en la región de la Costa Caribe. Durante la audiencia, también estuvieron presentes autoridades indígenas y afrocolombianas, quienes aportaron sus perspectivas a este proceso judicial.
El evento se desarrolló en el marco del juicio que la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP lleva a cabo contra 12 miembros del Batallón de Artillería No. 02 ‘La Popa’. Estos individuos, pertenecientes a la fuerza pública, han aceptado su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate.
En la audiencia, las magistradas Ana Manuela Ochoa y Zoraida Chalela, junto con el magistrado Camilo Suárez, escucharon atentamente las expectativas, solicitudes, preocupaciones y propuestas de las víctimas y sus familiares. Los testimonios y aportes recopilados durante esta diligencia son esenciales para avanzar en la definición de las sanciones propias que deberán cumplir los comparecientes. Estas sanciones incluirán Trabajos, Obras y Actividades Restaurativas (TOAR) destinados a reparar el daño causado a las víctimas, las comunidades y los territorios afectados por las acciones de los acusados.
La magistratura presentó a las víctimas acreditadas once propuestas de proyectos que podrían contribuir a la reparación del daño. Estas propuestas fueron elaboradas a partir de un análisis detallado de las demandas de reparación presentadas por las víctimas y las iniciativas de los comparecientes, recogidas en la Resolución de Conclusiones No. 03 de 2022. Además, se consideraron los resultados de una audiencia anterior celebrada el 30 de julio con entidades nacionales y regionales.
Durante la jornada, se realizó un acto de conmemoración por los 21 años de la desaparición y asesinato de Édgar Beltrán Hurtado y Albeiro Flórez Hernández, dos víctimas del conflicto armado cuyos restos podrían estar en el cementerio Jardines del Ecce Homo de Valledupar. Las familias de las víctimas pidieron justicia y reconocimiento por las pérdidas sufridas. “La única arma que tenía mi hermano fue un pincel y un lienzo”, dijo la hermana de Édgar Beltrán, mientras que la hermana de Albeiro Flórez hizo un llamado a la justicia y al reconocimiento de responsabilidad por las muertes de tantos jóvenes.
La audiencia, desarrollada bajo una metodología restaurativa, contó con la participación de la Procuraduría Delegada, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, ONU Derechos Humanos, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, el Ministerio de Justicia y la Universidad Popular del Cesar. Estas instituciones, junto con la JEP, buscan garantizar que los procesos de búsqueda de justicia y reparación se realicen de manera integral y en sintonía con las necesidades de las víctimas y sus comunidades.
