La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) compulsó copias a la Fiscalía General para que investigue penalmente a cinco civiles señalados de participar en la conformación y patrocinio de grupos paramilitares en Cesar, vinculados al secuestro, tortura y asesinato de tres mamos Arhuacos. Entre ellos figuran integrantes de la familia Mattos.
Por hechos representativos del conflicto armado ocurridos en la Sierra Nevada de Santa Marta, la JEP decidió remitir a la Fiscalía las evidencias recopiladas en el Subcaso Sierra Nevada de Santa Marta del caso 09. En este se investigan los secuestros y asesinatos de los mamos Luis Napoleón Torres Arroyo, Ángel María Torres Crespo y Antonio Hugues Chaparro, en noviembre de 1990. También se investigan torturas a los indígenas José Vicente Villafañe Chaparro y Amado Villafañe Chaparro. A las víctimas las señalaban de tener conocimiento del secuestro del empresario José Eduardo Mattos, en mayo de1990 en Valledupar.
Los civiles señalados de presunta participación en estos crímenes son:
Luis Alberto Restrepo Gutiérrez
La JEP lo vincula como presunto responsable del secuestro y tortura de los Mamos, pues habrían estado retenidos en su hacienda Bethania en el municipio de El Copey, Cesar, lugar donde fueron halladas evidencias forenses tras una medida cautelar de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Restrepo habría impedido durante más de un año el ingreso a su propiedad y, según el expediente, el terreno presentó alteraciones que podrían implicar ocultamiento de cuerpos.
Se le atribuye también de presuntamente haber patrocinado estructuras paramilitares que actuaron desde su hacienda con apoyo de miembros de la fuerza pública, por lo cual se compulsaron copias por desaparición forzada y concierto para delinquir.
Carlos Mattos y José Mattos
La JEP compulsó copias para investigar su posible participación en los crímenes contra los Mamos y su eventual papel en la financiación o promoción de grupos armados ilegales en el Cesar. En el caso de Carlos Mattos, se menciona un apartamento de su propiedad en inmediaciones del río Guatapurí en Valledupar, que habría servido de alojamiento a los ejecutores materiales de los homicidios. En cuanto a José Mattos, también se investiga su posible relación con las operaciones ilegales en contra del pueblo Arhuaco.
En el auto, la JEP advierte que la Fiscalía deberá establecer con precisión la identidad de estos Mattos debido a la coincidencia de nombres con otros miembros de esa familia, para evitar confusiones con personas no implicadas, incluyendo al conocido empresario del sector automotriz.
Alfonso Macías
Presuntamente fue uno de los financiadores de grupos paramilitares en El Copey. Las autoridades también investigan la relación de una finca y un molino de su propiedad, que habrían servido como base de operaciones de estas estructuras. La Fiscalía deberá confirmar si Macías sigue con vida, ya que en algunos testimonios se presume su fallecimiento.
Wilson Ramírez, alias ‘Jhon Ramírez’
Identificado como jefe de seguridad de Alfonso Macías, habría sido el autor material del homicidio de los tres mamos Arhuacos. También se compulsaron copias por concierto para delinquir, dada su presunta vinculación directa con las estructuras armadas ilegales.
La JEP también compulsó copias a la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía para que actúe respecto a los bienes usados presuntamente en la comisión de los crímenes. En relación con los Mattos, la magistrada Ana Caterina Heyck Puyana señaló que “corresponderá a la Fiscalía determinar si están plenamente identificados, ya que en los testimonios recogidos durante la investigación se hace referencia a Carlos Mattos, pero sin segundo apellido”.
Esto ha generado interrogantes sobre si se trata de Carlos Mattos Barrero, reconocido por haber sostenido durante décadas el monopolio de la venta de carros Hyundai en Colombia, hasta que la casa matriz le entregó el negocio a ecuatorianos. Mattos intentó tumbar esa decisión con maniobras corruptas en la justicia, lo cual terminó en una condena a cuatro años de prisión, confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2023.
La decisión también ratifica que estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad, lo que implica que son imprescriptibles. “Quiero destacar que esta es una decisión que previamente había tomado la Corte Suprema de Justicia”, explicó la magistrada Heyck. Recordó además que, tras años de impunidad e incluso una absolución por parte de la justicia penal militar, el caso fue llevado ante instancias internacionales y retomado por la Corte Suprema, que ordenó reabrirlo y asumirlo como una grave violación a los derechos humanos.
El impacto de estos crímenes fue expuesto por autoridades del Pueblo Arhuaco en una diligencia de diálogo intercultural realizada el 19 de abril de 2024. “El asesinato de estos líderes afectó profundamente nuestra espiritualidad, gobernabilidad y autonomía como pueblo”, dijeron.
Finalmente, en coherencia con el capítulo étnico Resistir no es aguantar del Informe Final de la Comisión de la Verdad, la JEP reiteró que el caso de los mamos refleja un patrón sistemático de violencia contra autoridades indígenas, dirigida a quebrar la cohesión espiritual y cultural de sus comunidades.
