Con la promesa de poner fin a años de incertidumbre laboral, el Ministerio de Trabajo acordó tres medidas clave con empresas mineras del Corredor de la Vida, durante una mesa de diálogo que contó con la participación de la Defensoría del Pueblo, Consejo Superior de la Judicatura, Procuraduría, empresas mineras, representantes de CNR, trabajadores y sindicatos del sector.
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El encuentro, liderado por Jarib Gómez, director territorial del Ministerio del Trabajo en Cesar, se centró en responder a una de las principales problemáticas laborales del sector: contratos suspendidos de manera indefinida desde hace más de 13 años, situación que afecta a decenas de trabajadores que, aunque cuentan con fallos judiciales a su favor, aún no han visto restablecidos sus derechos.
Gómez anunció que la primera medida será una inspección directa al consorcio minero CMC y vigilancia a todo el entramado comercial de la operación CNR. “No podemos seguir permitiendo que trabajadores permanezcan más de una década con contratos suspendidos, recibiendo solo el pago de seguridad social y sin poder acceder a su derecho pleno al trabajo”, aseguró.
La segunda acción propuesta consiste en abrir una serie de reuniones con actores claves del sector como la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y socios comerciales de las empresas, para definir claramente las responsabilidades sociales y laborales con los trabajadores.
Finalmente, la tercera medida será establecer un mecanismo de seguimiento continuo a los compromisos pactados. “Más que instalar mesas de diálogo, se trata de construir espacios concertados y efectivos donde se haga seguimiento real a lo acordado”, explicó Sandra Muñoz, funcionaria de inspección del nivel central, quien participó en representación del ministro Antonio Sanguino.
El Corredor de la Vida, ubicado en el centro del Cesar, es una zona impactada por la transición del modelo extractivo hacia una economía más diversa. En este contexto, las acciones anunciadas por el Ministerio del Trabajo buscan garantizar que las empresas mineras y sus socios cumplan con las obligaciones laborales establecidas por la ley, especialmente con los trabajadores que mantienen contratos suspendidos desde hace más de una década.
