La Procuraduría General de la Nación sostuvo que en la implementación del Acuerdo de Paz persiste la baja ejecución de recursos asociados a los compromisos en materia de género, así como se sigue registrando un alto riesgo para el ejercicio de los liderazgos de las defensoras de derechos humanos en los territorios.
Así lo señaló la Procuraduría en el Quinto Informe de Seguimiento al Acuerdo de Paz radicado ante el Congreso de la República, en el que se presentó un detallado análisis de los seis puntos que lo conforman, a partir de las respuestas compartidas por las distintas entidades encargadas de su implementación.
Indicó que en lo relacionado con el punto 1 del Acuerdo, que trata de la Reforma Rural Integral, solo se ha cumplido el 0,65 % de la meta de adjudicación que está planteada en tres millones de hectáreas; y el 44,9 % de los siete millones de hectáreas formalizadas a partir de la redefinición de las metas fijadas en el Acuerdo.
Igualmente, alertó por la falta de ejecución de proyectos por más de un billón de pesos del Presupuesto General de la Nación del año 2022, destinados a ese mismo punto del Acuerdo.
Sobre el avance físico de proyectos de inversión, el órgano de control señaló que existen 184 proyectos por 2,06 billones de pesos, y otros 109 por 1,4 billones de pesos, que presentan avances inferiores al 25 % y al 50 %, respectivamente, los cuales deben recibir un mayor impulso para lograr mayores avances en su ejecución.
También hizo un llamado de atención a los alcaldes salientes de los municipios incluidos en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, para que antes de terminar sus mandatos presenten sus informes de rendición de cuentas sobre la implementación de las iniciativas contempladas en el plan.
Atención en salud a los firmantes del Acuerdo
Sobre los avances en el programa de reincorporación a la vida civil de los firmantes del Acuerdo, indicó que se debe mejorar la atención en salud, especialmente la dirigida a personas con condiciones de discapacidad, así como fortalecer los proyectos productivos para que los mismos tengan garantías de sostenibilidad y se incorpore el enfoque diferencial en la oferta educativa.
Respecto a las condiciones de seguridad de los firmantes, alertó “sobre la persistencia del riesgo y afectaciones contra las personas en proceso de reincorporación, por lo que se enfatiza la importancia de la reactivación y racionalización de todos los componentes del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política -SISEP-”.
La Procuraduría precisó que menos del 1 % de las familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito han completado la ruta de atención, y solo un 2,4 % tienen comprometida la totalidad de los 19 millones de pesos destinados para el desarrollo de sus proyectos productivos.
Planes regionales de búsqueda de personas desaparecidas
Con relación a las víctimas del conflicto, advirtió sobre la necesidad de aprobar el Plan Nacional de Acción en Derecho Humanos, así como presentar la segunda parte del Plan de Búsqueda y la implementación de 29 planes regionales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Respecto a este último tema, resaltó la importancia de que se priorice la implementación y estabilización de la funcionalidad del sistema de información ‘Busquemos’, que permitirá consultar en qué se encuentran los procesos de búsqueda.
Finalmente, la Procuraduría hizo un llamado al Gobierno nacional para que el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad cuente con los recursos necesarios para dar cumplimiento a sus funciones y, asimismo, pueda desplegar acciones de divulgación del Informe Final presentado por la misma comisión.
