La Procuraduría General de la Nación requirió a la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan y a la secretaria de Educación departamental, Yasmin Rocío Gracia Meneses, información detallada sobre la garantía de la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el año en curso.
En defensa del orden jurídico, del patrimonio público, así como de las garantías y derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos, del ambiente y de los derechos de las minorías étnicas, el ente disciplinario pidió a las servidoras públicas indicar las dependencias y funcionarios encargados de la planeación, contratación y supervisión de la puesta en marcha del programa.
En su función preventiva, el ente de control solicitó conocer si actualmente el PAE se encuentra en ejecución y si es negativa la respuesta, informar las razones por las cuales no se ha iniciado oportunamente; asimismo, respecto a los contratos señalar la fecha de la suscripción de estos, fecha de inicio, operador, entre otros.
El Ministerio Público busca determinar si se han dispuesto medidas transitorias de contingencia para garantizar el derecho a la alimentación de los niños, niñas y adolescentes en el Cesar; y, también, las acciones de supervisión, seguimiento y control por la administración para prevenir la interrupción del programa, entre otras peticiones.
