El movimiento amplio de mujeres del Cesar, rechazó la vinculación laboral del médico Antonio Figueredo en una Clínica de Valledupar, argumentando que cuya “acción envía un mensaje de impunidad frente a las violencias contra las mujeres“.
Figueredo, quien fue condenado a 16 años por delitos de violencia intrafamiliar, lesiones personales y acceso carnal violento contra su colega y subalterna María Paula Pizarro, en hechos ocurridos en el departamento de Santander en 2023; tiene hoy la posibilidad de seguir desempeñándose en un cargo similar después que un juez le decretara la medida de aseguramiento de casa por cárcel y posteriormente le concedieran el permiso de traslado a la ciudad de Valledupar, donde se tiene conocimiento estaría laborando sin ninguna restricción en la Clínica de Alta Complejidad.
“El movimiento amplio de mujeres del Cesar, integrado por organizaciones sociales y defensoras de los derechos de las mujeres en este departamento, hace un llamadocontundente frente la impunidad que estos hechos representan; pese a que fue demostrado ante la ley la comisión de los delitos y el daño causado contra la víctima, quien no sólo tuvo que salir del país por su seguridad y abandonar su proyecto de vida, sino por la gravedad de los hechos, en tanto se siguen conociendo más denuncias de otras mujeres; representando un peligro contra la sociedad, especialmente para las mujeres que están a su alrededor”, dice el comunicado enviado por la red.
Agregaron que “todo esto se presenta en medio del alarmante aumento de los feminicidios en el país y en el departamento del Cesar, de los cuales seis (6) han ocurrido en 2024, el último contra Yulieidis Patricia Gámez Gutiérrez por parte de su pareja en el corregimiento de Los Venados – Valledupar el pasado domingo 9 de junio; demostrando como este tipo de asesinatos son el culmen de otras Violencias Basadas en Género que no fueron atendidas,ni sancionadas, ni prevenidas; imponiendo obstáculos a las mujeres para que denuncien al perder la confianza en las instituciones responsables”.
Por todo lo anterior, la red de mujeres exige la revisión y ajuste de la medida otorgada al médico Antonio Figueredo, en tanto, la interpretación que hace el condenado sobre el traslado, no necesariamente significa autorización o permiso para trabajar por fuera de la prisión domiciliaria así esta sea en otra ciudad diferente de donde ocurrieron los hechos.
A la justicia, la red de mujeres reitera el cumplimiento de su papel sancionatorio y aleccionador porque toda sentencia envía un mensaje a la sociedad y a quienes cometen este tipo de violencias, sobre todo porque en Colombia la administración de justicia está obligada a incorporar criterios de género al solucionar sus casos tal y como lo establece la Corte Constitucional en las Sentencias T-878 de 2014; T012 de 2016 y T590 de 2017, en cumplimiento de normas nacionales y tratados internacionales, especialmente para “Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer” entre otras disposiciones.
“Advertimos con gran preocupación que esto, esté revictimizando a las mujeres, situación que las invisibiliza y niega como sujetas de derechos a una vida libre de violencias, y amplia las brechas de discriminación y exclusión histórica”, dice otro aparte del comunicado donde convocan a la Clínica de Alta Complejidad y a la sociedad en pleno a rechazar tajantemente las violencias contra las mujeres y las distintas expresiones de impunidad e invisibilización de lo que les ocurre cada día a miles de mujeres.
