Eduar Álvarez, defensor de derechos humanos y representante del pueblo Yukpa, en una rueda de prensa la mañana de este miércoles 19 de junio, detalló lo que consideran como una grave situación. Agregó que Glencore opera a través de Prodeco.
“Glencore está doblegando al estado colombiano, se ha burlado de la institucionalidad de la mano con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que parece ser mejor una agencia nacional de delitos ambientales, junto con la Autoridad Nacional de Consulta Previa”, declaró Álvarez, quien dijo que se pone en evidencia la connivencia entre la multinacional y las autoridades encargadas de regular la actividad minera.
Álvarez explicó que el pueblo Yukpa interpuso una acción de tutela en 2019, lo que llevó al Tribunal Administrativo del Cesar a ordenar la suspensión del Proyecto Palomo de Prodeco. Posteriormente, el Consejo de Estado también suspendió dicho proyecto debido a las denuncias y acciones jurídicas del pueblo Yukpa, especialmente en el contexto de la pandemia.
Sin embargo, durante una visita a las minas realizada en el mes de mayo por miembros del pueblo Yukpa junto con el Ministerio Público, se percataron de que las operaciones continuaban, a pesar de las órdenes de suspensión. “La multinacional Glencore le ha mentido al estado”, afirmó Álvarez con firmeza.
Las consecuencias de estas operaciones mineras han sido devastadoras para las comunidades indígenas, contó Álvarez, ya que se han desviado más de 30 kilómetros de arroyos y cuencas hidrográficas de la Serranía del Perijá, alterando el equilibrio ecológico de la región y afectando gravemente a sus habitantes. Álvarez sostuvo que “hemos documentado que a raíz de la industria minero-energética en territorio central Yukpa, se han muerto casi 700 niños entre 1994 y 2024”.
La denuncia de estas comunidades pone de relieve la crisis humanitaria y ambiental que enfrentan los pueblos indígenas en Colombia debido a la explotación de recursos naturales. Esta situación exige una respuesta urgente y efectiva por parte del Estado y la comunidad internacional para proteger los derechos y la vida de las comunidades afectadas.
