En una reunión realizada en Valledupar, el alcalde Ernesto Orozco solicitó el respaldo de la bancada de congresistas del Cesar, así como de secretarios del Gabinete Municipal y delegados de la Gobernación del Cesar, para abordar dos de los principales problemas que enfrenta la ciudad: los asentamientos ilegales y la necesidad de mejorar los índices de seguridad.
Durante la jornada, los senadores Imelda Daza Cotes y José Alfredo Gnecco, junto con los representantes José Eliécer Salazar, Carlos Felipe Quintero, Alfredo Ape Cuello y Jorge Tovar Vélez, analizaron desde diferentes perspectivas el impacto de los asentamientos ilegales, una problemática que ha afectado al municipio por varios años y que hoy involucra a más de 30.000 familias. En este contexto, uno de los temas más urgentes fue el fallo judicial que ordena el desalojo de varias áreas, entre ellas Altos de Pimienta, Los Guasimales, Brisas de La Popa y Bello Horizonte II, antes del 30 de octubre.
El alcalde Orozco expuso la situación de las invasiones y recordó que Valledupar ha sido pionera en la implementación de un Plan Piloto para la legalización de estos asentamientos. “Con esta reunión hemos trazado una hoja de ruta clara. Vamos a solicitar una audiencia con el presidente de la República para exponer esta problemática, donde miles de personas corren el riesgo de ser desalojadas. Es un tema que debe manejarse con respeto a la justicia y las órdenes judiciales, pero también con un compromiso real con el bienestar de la población”, destacó Orozco.
Entre las propuestas discutidas durante el encuentro se resaltó la necesidad de una nueva ruta de acción que incluye la solicitud de modulación del fallo ante el juez y la Corte, lo que permitiría la adquisición y legalización de los predios, así como la intervención y titulación de los mismos. Además, se acordó gestionar una visita de funcionarios del orden nacional a Valledupar para que conozcan de primera mano la situación y solicitar una reunión con la nueva defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. También se planea adelantar una gestión ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y una reunión con el presidente Gustavo Petro.
El encuentro concluyó con la presentación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia (PISC) por parte del asesor Pablo Bonilla, quien enfatizó en la importancia de la prevención, el acceso a la justicia y la creación de un Observatorio y una Secretaría de Seguridad Ciudadana, medidas que se consideran fundamentales para mejorar la seguridad en el municipio.
