La forma en la que son escogidos los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) –postulados por los partidos y escogidos por el Congreso–, siempre ha rodeado de suspicacias y cuestionamientos sus decisiones. Sin embargo, lo que se vive hoy –a poco más de 10 días para los comicios regionales del 29 de octubre–, es una verdadera avalancha de críticas contra su actuar por supuestas injerencias políticas.
No es para menos. Por presuntas inhabilidades, el organismo electoral dejó en carrera a poderosos candidatos como Rodolfo Hernández (a la Gobernación de Santander), Santander Lopesierra, “el Hombre Marlboro” (a la Alcaldía de Maicao) o Patricia Caicedo, quien estaba lista para heredar en Santa Marta las banderas de su hermano, el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo.
En medio de una avalancha de tutelas e impugnaciones para echar al traste las determinaciones, sumado a señalamientos de toda índole político, el recién elegido presidente del CNE, Alfonso Campo Martínez, rompió su silencio y aceptó responder un cuestionario escrito de EL COLOMBIANO. El magistrado defendió que la legitimidad de la autoridad electoral “no está en duda”, negó ser cercano a Gustavo Petro y no rechazó una eventual reforma al organismo.
Previo a su elección hubo polémica por el lanzamiento de otras candidaturas para presidir la entidad, ¿qué pasó a última hora para se respetaran los acuerdos y fuera usted elegido?
“Todo ocurrió bajo las dinámicas tradicionales que suelen darse frente a la aspiración a un cargo de este nivel de responsabilidad. El consenso entre los magistrados se dio luego de un riguroso proceso de evaluación. Al final las cabezas de la corporación, por unanimidad, determinaron que presidiré el CNE en este nuevo periodo. Es una responsabilidad que asumo con sagrado compromiso y que estará acorde al mandato de la ley y la Constitución como a la misionalidad de esta entidad. Nuestra prioridad será defender la democracia”.
Recientemente el CNE estudió y, vía resoluciones, anuló y ratificó miles de candidaturas con miras a las elecciones regionales. ¿Cuál es el balance?
“Las audiencias públicas aún están en curso. Evaluamos reposiciones, modificaciones que contempla la ley y todos los recursos que están a merced de los ciudadanos, de los partidos, de los movimientos políticos y de los grupos significativos. Cuando culminemos estos procesos el país conocerá un informe de cierre. Puedo decirle que, con corte al 5 de octubre, hemos atendido 4.145 solicitudes de revocatorias, de las cuales 2.955 fueron revocadas y en cuanto a las que se mantuvieron la cifra fue de 1.190”.
En medio de ese proceso hubo controversia por la anulación de notorias candidaturas. ¿Qué responder a quienes señalan que detrás hubo móviles políticos?
“Las decisiones que emite el CNE se cumplen con estricto apego a la Constitución, a la ley y con sagrado respeto al debido proceso. Son decisiones de observancia pública que están regidas y vigiladas por los órganos de control y frente al escrutinio ciudadano. Las calidades éticas de cada magistrado están en concordancia con los deberes legales. La naturaleza de la elección que nos confiere cada cargo no subordina la actuación de quienes integramos este cuerpo colegiado”.
¿Cómo hacer para volver a revestir de legitimidad las determinaciones del CNE y dejar de lado las frecuentes suspicacias contra los magistrados?
“Nuestra legitimidad no está en duda. Esa interrogante tendría que resolverse desde los actores que deciden observar nuestras actuaciones y el tipo de crítica que eligen. Aquí lo sano para la democracia es que no cesen las revisiones permanentes a nuestras actuaciones, que siempre estén vigentes los exámenes de los órganos de control y el escrutinio mediático. No hay que olvidar que todo se debe cumplir dentro de los marcos del respeto y la permanente y objetiva búsqueda de la verdad”.
¿Qué opina de un proyecto en el Congreso que modifica la elección de magistrados del CNE? Desde 2026 serían escogidos por méritos, tendrían un periodo de 6 años y no podrían haber aspirado u ocupado cargos en partidos o en puestos de elección popular dentro de los 7 años anteriores al proceso.
“Lo que ocurra tendrá que cumplirse luego de que se surtan las votaciones al interior de las comisiones y de la plenaria del Congreso. Lo que decidan esas mayorías debe entenderse y cumplirse como mandato legal”.
¿Cómo encuentra el CNE?, ¿qué hay que mejorar y hacer más eficiente la vigilancia electoral?
“Avanzamos hacia la consolidación de una autonomía administrativa integral que nos fortalezca para el ejercicio misional que nos permita aplicar con toda determinación los procesos de inspección, vigilancia y control. El CNE se debe a los ciudadanos y al cumplimiento de la Constitución y la ley para atender requerimientos elevados por partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos”.
En 2024, por primera vez, el CNE tendrá presupuesto propio y no dependerán de la Registraduría. ¿Qué implica en términos prácticos?
“Significa que aumentan las exigencias para el cumplimiento del servicio público y de la tarea misional; también significa consolidar procesos que exigían mejora continua y reducción de tiempos de respuesta. La responsabilidad es la misma: estamos llamados a cumplir abiertamente, escrutados por la ciudadanía y por los órganos de control, gobernados por la transparencia”.
Nota tomada de El Colombiano
