Con la participación de más de cien representantes de organizaciones de víctimas, comunidades campesinas e indígenas del Cesar y La Guajira, se realiza en Valledupar la Mesa Campesina de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), un espacio de diálogo social que busca construir, ajustar y hacer seguimiento a una ruta colectiva de restitución que responda a las necesidades de quienes han sido despojados de sus predios.
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La jornada, que se desarrolla durante este martes 29 y miércoles 30 de julio en la Cámara de Comercio de Valledupar, es liderada por la directora territorial de la URT Cesar-La Guajira, Piedad Ramírez Ariza, y el director social nacional de la entidad, Jhon Jairo Rincón. Durante el encuentro, se socializaron los avances en procesos de restitución en la región y se orientó a los asistentes sobre cómo acceder a este derecho constitucional.
“Hemos convocado a familias campesinas del sur, centro y norte del Cesar que han sido víctimas de despojo, para brindarles información clara sobre la ruta administrativa y judicial de restitución. También trabajamos con sujetos colectivos, como las comunidades de Minas de Iracal (Pueblo Bello) y El Caimán (entre Codazzi y San Diego), donde varias familias comparten una misma problemática de despojo”, explicó Ramírez Ariza.
En el último año, la URT Cesar-La Guajira ha resuelto 365 procesos en etapa administrativa, de los cuales el 73% fueron favorables a las víctimas, lo que permite su paso a la etapa judicial. No obstante, organizaciones sociales y líderes rurales insisten en que aún persisten demoras y barreras para avanzar en los procesos colectivos.
Jhon Jairo Rincón, por su parte, destacó que la Mesa Campesina es un mecanismo vinculante de diálogo entre las comunidades y el Estado. “Es un espacio de construcción participativa que fortalece el enfoque colectivo, la acción sin daño y la justicia social que reclaman los territorios rurales”.
Los participantes también compartieron sus historias de lucha. Ana Patricia Ospino, desplazada en 2001 del corregimiento El Caimán, expresó que tras más de dos décadas de espera, aún no ha recibido una respuesta concreta por parte de la entidad. “Nos cansamos de declarar, volver y declarar. Esperamos que este gobierno sí nos cumpla. Nosotros no somos líderes, somos campesinos reclamando el derecho a la tierra porque no sabemos hacer más nada”, dijo con firmeza.
Directo de la vereda La Neblina, en el corregimiento de Minas de Iracal, jurisdicción de Pueblo Bello, José Luis Peralta Pacheco relató que tras el desplazamiento forzado en su comunidad, han solicitado ser reconocidos como sujeto colectivo desde 2012, sin resultados hasta este año. “Por fin vemos voluntad política para avanzar. Este gobierno nos ha abierto puertas que antes parecían cerradas. Queremos que se reconozca nuestra historia y se nos devuelvan nuestras tierras”, aseguró.
La actividad culminó con la firma de un acuerdo de voluntades entre las organizaciones campesinas y la URT, con el compromiso de continuar trabajando de forma articulada para garantizar los derechos territoriales de las víctimas del conflicto en la región.
