En atención a los elementos presentados por un fiscal adscrito al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), una juez de control de garantías de Bogotá impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario contra el fiscal sexto delegado ante los jueces de circuito penal de Bosconia (Cesar), Yesith Pallares Aguilar; el juez primero promiscuo de Bosconia, Roberto Carlos Orozco Argote; y el abogado y defensor público Carlos Luis Ropero Galván.
Estas tres personas harían parte de una organización criminal que, a cambio de dádivas, manipuló el reparto de procesos y direccionó el sentido de fallos judiciales. Entre el material probatorio en su contra hay denuncias de las víctimas, audios de conversaciones telefónicas y videos en los que los presuntos integrantes de la red de corrupción cuentan el dinero que recibían por su actuar ilegal.
Por estos hechos, el fiscal de conocimiento imputó al abogado Ropero Galván por concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, y fraude procesal; al fiscal Pallares Aguilar le formuló concierto para delinquir, concusión, prevaricato por omisión, prevaricato por acción, cohecho propio, asesoramiento y otras actividades ilegales; mientras que al juez Orozco Argote le imputó concierto para delinquir, concusión, prevaricato por acción y cohecho propio. Los procesados no aceptaron los cargos.
Empresa criminal
Las investigaciones permitieron conocer que estas personas, al parecer, delinquían desde 2017 y estarían involucradas en cinco casos.
En un primer evento, el abogado Ropero habría exigido 15 millones de pesos a un ciudadano para evitar que su hermano, detenido en flagrancia por porte ilegal de armas, fuera enviado a la cárcel. La víctima, supuestamente, dio una camioneta como prenda de garantía hasta que entregó todo el dinero. Finalmente, el capturado quedó en libertad y la suma fue repartida entre el fiscal Pallares Aguilar, el juez Orozco Argote y el abogado.
En otro hecho documentado, el juez presuntamente asesoró a un hombre en un litigio civil por un terreno. El funcionario judicial, de acuerdo con un pacto monetario previamente establecido, logró el dominio pleno y absoluto del bien a favor del ‘cliente’, y recibió 5 millones de pesos que fueron distribuidos entre la red de corrupción.
También hay evidencia de interferencias indebidas en trámites de tutela y diferentes actuaciones en las que se otorgaron beneficios judiciales. Por ejemplo, respecto a un procesado por receptación de hidrocarburos, el fiscal Pallares Aguilar precluyó el proceso.
La Fiscalía General de la Nación hace un reconocimiento a la ciudadanía que, a través de la denuncia oportuna, permitió poner al descubierto esta red criminal y dar con la captura de sus principales articuladores, quienes se alejaron de los principios esenciales que caracterizan la administración de justicia, como legalidad, trasparencia e imparcialidad.
