Con la participación de más de 200 víctimas acreditadas, autoridades étnicas y más de 40 entidades del Estado, este jueves 24 de julio, inició en Valledupar la Audiencia Pública de Verificación del Subcaso Costa Caribe – Caso 03, en la que el Tribunal para la Paz de la JEP analiza si se cumplen las condiciones judiciales para emitir la primera sentencia con sanciones propias por crímenes cometidos por miembros del Batallón La Popa entre 2002 y 2005.
La audiencia busca verificar si los comparecientes —entre ellos dos mayores, un teniente, dos subtenientes, tres sargentos y cuatro soldados profesionales— han cumplido con los compromisos adquiridos ante la jurisdicción, principalmente relacionados con el aporte a la verdad plena, la aceptación de responsabilidad y el diseño de acciones restaurativas que reparen el daño causado a las víctimas del conflicto armado.
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“El objetivo de esta audiencia es verificar si realmente los comparecientes cumplieron con sus compromisos, principalmente los relacionados con el aporte de verdad”, afirmó el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli. “También vamos a evaluar los nueve proyectos restaurativos que han sido construidos con base en el diálogo con las víctimas. La magistratura tiene que verificar que esos proyectos realmente sean viables, estén financiados y cuenten con el compromiso de las entidades involucradas”, agregó.
Durante los dos días que durará la diligencia, la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad revisará, en un primer momento, los aportes a la verdad entregados por cada compareciente. En el segundo día se analizarán las formas de contribución a la reparación, que incluirán trabajos, obras y actividades con contenido restaurador (TOAR). La JEP deberá garantizar que las sanciones que se impongan no solo cumplan con los estándares legales, sino que sean sostenibles, efectivas y capaces de transformar el daño en acciones concretas que dignifiquen a las víctimas y protejan a los territorios.
Carlos Lora, uno de los exintegrantes del Batallón La Popa que comparece en la audiencia, expresó públicamente: “Hoy estoy aquí para reiterar mi compromiso con la verdad en las próximas instancias. Hemos venido caminando en este proceso, aportando, y no me he quedado con nada. Solo con el fin de que las generaciones futuras no vuelvan a cometer esta barbarie. Esperar el castigo de una manera honorable es mi compromiso”.
La audiencia también representa un espacio de visibilización para los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, así como para los consejos comunitarios afrodescendientes, quienes han sido actores claves en el proceso de memoria, resistencia y exigencia de justicia. “Estamos trayendo justicia por crímenes atroces cometidos contra la población civil, que atropellaron de manera particular a estos pueblos, sus creencias, sus estilos de vida, sus proyectos. Trabajamos para que las sanciones que se impongan ayuden a restablecer los daños causados”, indicó el magistrado Ramelli.
Por su parte, la magistrada Ana Manuela Ochoa, presidenta de la Sección de Reconocimiento de Verdad, abrió la jornada con un mensaje de reconocimiento a las víctimas. “Sabemos que el dolor que ustedes han padecido es demasiado grande, incluso para nombrarlo. Sabemos que ustedes no han descansado ni descansarán hasta que las historias de sus seres queridos sean contadas. Hoy también queremos honrar su fuerza, su valentía, su incansable rectitud y resistencia”, indicó.
Esta audiencia se convierte en un hito dentro del proceso judicial del Subcaso Costa Caribe, y constituye el paso previo a la emisión de una sentencia que definirá la situación jurídica de los máximos responsables, quienes han aceptado su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad. De acuerdo con lo previsto, en un plazo de 20 días hábiles después de la audiencia, la JEP deberá emitir la sentencia respectiva.
