Durante una rueda de prensa el magistrado de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de la JEP, Óscar Parra, anunció las decisiones que la entidad tomó con respecto a la investigación que adelanta sobre los ‘falsos positivos’ ocurridos en el Caribe colombiano durante el conflicto armado, especialmente en los departamentos Cesar y La Guajira.
El magistrado manifestó que la Sala de Reconocimiento de Verdad examinó una muestra de las bajas reportadas por 19 unidades militares en la Costa Caribe entre 2002 y 2008 y revisó 796 muertes reportadas como resultados operacionales, de las cuales 604, casi el 76%, fueron resultaron ilegales, es decir ‘falsos positivos’.
“Además de estas 604 víctimas, la sala documentó el asesinado de otras 13 personas, las cuales fueron presentadas falsamente como bajas en combate fuera del período priorizado, es decir, antes del 2002 o con posterioridad a 2008. Entre ellas hay un adolescente asesinado en 1995, a quien los militares le explotaron una granada en la cabeza para luego exhibir su cuerpo por las calles de San Pablo, Bolívar, y presentarlo como guerrillero dado de baja en combate”, expresó el magistrado.
Altos oficiales fueron declarados como máximos responsables por impulsar estos asesinatos y desapariciones forzadas y presentar a las víctimas ilegítimamente como bajas en combate. Se trata de los mayores generales retirados Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, quienes estuvieron al mando de la X Brigada Blindada, el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 Coronel Juan José Rondón y el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, respectivamente, entre 2004 y 2006, junto con los brigadieres generales (r) Fabricio Cabrera Ortiz, comandante de la X Brigada Blindada, y Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Batallón La Popa entre diciembre de 2007 y mediados de 2009.
“Junto a ellos fueron imputados siete coroneles, incluido William Hernán Peña Forero, quien fue comandante de la XI Brigada entre 2006 y 2007. Además, se les atribuyó responsabilidad a otros 16 oficiales y suboficiales por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en los crímenes”, indicó el magistrado Parra.
Entre las 604 víctimas documentadas entre 2002 y 2008 hay 31 indígenas de los pueblos Wiwa, Wayú y Kankuamo, 26 niños y niñas, y 14 mujeres; una de ellas se encontraba en embarazo. A la fecha, 122 víctimas aún no han sido identificadas.
El magistrado explicó que en el marco de este proceso la JEP ordenó medidas cautelares para proteger sitios de interés forense donde se podrían encontrar víctimas de desaparición forzada, entre esos está cementerio de San Juan del Cesar, en La Guajira y el cementerio alterno de El Copey.
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Foto tomada de internet
