Veinte millones de pesos, ese fue, presuntamente, el precio que el menor de 14 años habría aceptado por intentar asesinar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La alarmante revelación salió a la luz durante la audiencia realizada este martes 10 de junio en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, donde el adolescente fue imputado por los delitos porte ilegal de armas y tentativa de homicidio.
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La suma, según conoció Noticias Caracol, solo sería entregada si el ataque se consumaba con éxito, lo que evidencia un crimen planeado con frialdad y bajo promesas de pago que apuntan a una estructura criminal organizada. Las autoridades investigan ahora si la millonaria cifra sería entregada en efectivo, por giro bancario o a través de otro método.
El menor no aceptó los cargos y fue trasladado bajo un estricto esquema de seguridad a las instalaciones del Búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde permanece en internamiento preventivo. Esta medida, según explicó la fiscal general Luz Adriana Camargo, se tomó debido a que ningún centro especializado del ICBF garantizaría su seguridad, considerando la gravedad del caso.
Camargo también confirmó que el joven y su núcleo familiar fueron incluidos en el Programa de Protección de Víctimas, Testigos e Intervinientes, en coordinación con la Policía Nacional y el CTI. Adicionalmente, se activaron canales con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Eliana Cáceres, para definir la entidad que debe asumir la custodia del menor.
El atacante habría formado parte del programa gubernamental ‘Jóvenes en Paz’, impulsado por el Gobierno nacional para alejar a jóvenes de contextos violentos. Así lo confirmó el presidente Gustavo Petro, quien señaló que el adolescente fue incluido por su perfil conflictivo y que, tras dos meses de inasistencia, abandonó voluntariamente el proceso sin haber asistido a ninguna clase.
Además, el arma utilizada en el atentado, una pistola Glock calibre 9 mm, fue rastreada hasta Mesa, Arizona (EE. UU.), donde fue comprada legalmente por el ciudadano estadounidense Charles Joe Anderson, el 6 de agosto de 2020. Sin embargo, la pistola no está registrada en el Departamento de Control y Comercio de Armas, Munición y Explosivos de Colombia, por lo que se presume que fue ingresada al país de manera irregular. Las autoridades analizan si ha sido utilizada en otros delitos.
Pese a su edad, el joven ya enfrenta un proceso judicial que podría derivar en una pena de hasta ocho años en un centro especializado. La directora del ICBF indicó que cuenta con un defensor de oficio y una defensora de familia y que ha manifestado su disposición a colaborar con la justicia.
